Mario Ramos
10 de noviembre de 2015
El Estado ecuatoriano en su vida republicana, no
logró instaurar un proceso que permita de manera sistemática y acumulativa, la
consolidación de un proyecto nacional con instituciones sólidas, como sí lo
consiguieron otros estados en el planeta.
El actual gobierno ha hecho esfuerzos notables para
dotar a la Nación de un Estado que garantice la solución a ese problema
estructural, y superar esa endémica fragilidad institucional.
Lo señalado en el primer párrafo determinó que el
Ecuador haya sido, para los grupos de poder político en contubernio con
intereses económicos internos y externos, una gran hacienda en donde unos pocos
mantenían sus privilegios, sin importarles el fortalecimiento institucional de
la República y el bienestar de sus ciudadanos.
Lo que se denomina comúnmente como Fuerza Pública
en ese contexto hacendatario, muchas veces se manejó con criterio discrecional,
sin responder a un proyecto de Nación, debido fundamentalmente a que los
dirigentes políticos no lo tenían.
Muestra evidente de que aún no se superan actitudes
pretorianas y doctrinas caducas, es la asistencia de la cúpula militar y otros
oficiales en servicio activo y pasivo, a la audiencia en la Corte Nacional de
Justicia donde se preveía se iniciara la etapa de juicio en el primer proceso
por supuestos delitos de lesa humanidad.
Se les tiene que recordar a militares y policías que son funcionarios/servidores públicos sujetos al cumplimiento de la ley, como cualquier ciudadano. Ustedes no son ni la ley, ni la autoridad, sino el vínculo operativo para que la ley y la autoridad legítima del Estado se exprese de manera racional, institucional y responsable.
Se les tiene que recordar a militares y policías que son funcionarios/servidores públicos sujetos al cumplimiento de la ley, como cualquier ciudadano. Ustedes no son ni la ley, ni la autoridad, sino el vínculo operativo para que la ley y la autoridad legítima del Estado se exprese de manera racional, institucional y responsable.
En el gobierno de Febres Cordero existía una
constitución que señalaba garantizar los derechos humanos y respetar los
tratados internacionales, por lo que, los delitos de desaparición forzada,
violencia sexual, tortura y detención ilegal, ya eran calificados como de lesa
humanidad.
Incluso en países como Colombia, que vive hace
décadas una guerra civil, los militares no están libres de ser juzgados, cuando
se logra superar el estado de impunidad existente en esa sociedad. Como lo
informa, por ejemplo, la revista Semana, 5.749 miembros de la Fuerza Pública
era investigados por la Fiscalía en el año 2014, entre otros delitos, por
desaparición forzada, tortura, violencia sexual u otras infracciones al DIH.
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